Mediante este escrito ponemos en su conocimiento y Denunciamos un Fraude Generalizado sobre las Viviendas de Protección Oficial, Promoción Publica y Categoría Subvencionadas, según son catalogadas en la Cedula de Calificación Definitiva de fecha 6 de Febrero de 1976, de las 5.372 viviendas y 136 locales comerciales, (aportamos documento escaneado del original)
Estas viviendas están protegidas durante 50 años con esa calificación y acogidas jurídicamente al decreto.
Que todas las viviendas del termino municipal de Badia del Valles, son viviendas de Protección Oficial de Promoción Publica, categoría subvencionada y sujetas jurídicamente al decreto 2114/1968, de 24 de julio, y con un periodo de protección de 50 años, y por tanto hasta el 2.026 y que son gestionadas por Adigsa empresa Publica de la Generalitat,(Actualmente Agencia de Vivienda de Cataluña) encuadrada dentro del departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, dichas viviendas están sujetas a una serie de limitaciones en los precios de ventas impuestas por la calificación y la normativa que es aplicable.
Entendiendo que todas las viviendas de Badia del Valles, 5.372 construidas bajo el régimen legal de Vivienda de Protección Oficial, Promoción Publica, categoría subvencionada, expediente nº B-31.CD/69.
Visto el documento acreditativo de las 5.372 viviendas de Badia del Valles y que por resolucion de 6 de febrero de 1.976, resuelve dicho documento como Cèdula de Calificacion definitiva del total de las Viviendas del Termino municipal de Badia del Valles.
Visto que dicha resolucion de cedula de calificacion definitiva de las 5.372 viviendas, hace referencia a un periodo de protecion de 50 años, a partir de la fecha de dicha resolucion, y que por tanto espirara dicho plazo el 6 de Febrero de 2.026.
Fueron traspasadas a la Generalidad de Cataluña mediante Real decreto 1009/85 de junio,(BOE 28-6-85) por el cual se va a completar el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de control de la calidad de la edificación y promoción publica de la Vivienda.
Documentación que aportamos:
• Cedula Calificación Definitiva Legal,resolución de 6 de febrero de 1976, de las Viviendas de Badia del Valles.(3 paginas).
• Protocolo firmado el 19 de Febrero de 2010, entre la Secretaria de la Vivienda de la Generalitat de Cataluña y el Sr. Eduardo Mendiluce Fradera director del área Inmobiliaria de Caixa Cataluña.(6 paginas).
• Respuesta del Sindic de Greuges, en fecha 5 de noviembre de 2010, de la documentación aportada para el conocimiento de los hechos.(defensor del pueblo Catalan)
• Convenio firmado el 9 de febrero de 2010, entre la Sra. Alcaldesa de Badia del Valles y la Secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Sr. Carme Trilla.(3 paginas).
• Denuncia interpuesta ante la Fiscalía de area de Sabadell el 23 de noviembre de 2010.
• Estudio Jurídico Defensor del Pueblo.(3 paginas) Expediente :Q0316351,Area PCD/MSC
• 2ª Parte , Estudio Jurídico Defensor del Pueblo, sobre las Viviendas de Badia del Valles.(2 paginas) Expediente : Q0316351,Area : PCD/MSC
Solicitamos de esta Institución del Defensor del Pueblo, el estudio del presunto fraude y si entra dentro de la Legislación de su competencia el Interponer un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional por la presunta violación de los derechos mas elementales como son el de una Vivienda Digna, ya que todas estas Viviendas son de carácter Publico y Subvencionadas.
En la actualidad existen mas de 100 familias con la amenaza de la ejecución Hipotecaria y el consiguiente desahucio por el impago de las Hipotecas por la compra de estas Viviendas de VPO, promoción Publica y Categoría Subvencionadas.
Estas Viviendas se escrituraban por el valor administrativo y se vendían por el valor de mercado hasta 14 veces superior, fuera de toda norma en vigor a tal efecto.
Creemos que tanto la pasividad de los Organismos de Cataluña competentes en esta materia, por conocer de antemano el fraude al que ha estado sometido este municipio y no haber intervenido en consecuencia, como las presuntas practicas fraudulentas de las entidades financieras y oficinas mediadoras en la compra- venta de viviendas, han violado la Ley establecida al efecto.
Entendemos, que los acuerdos establecidos entre ADIGSA. EMPRESA PÚBLICA Y CAIXA DE AHORROS DE CALALUNYA. ADIGSA. EMPRESA PÚBLICA, AYUNTAMIENTO DE BADÍA DEL VALLÉS. CARECEN DE LEGALIDAD PARA SU ENTRADA EN VIGOR POR PRESCINDIR TOTALMENTE, DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEY 2114/1968 DE 24 DE JULIO, CITADO ANTERIORMENTE.
DICHOS ACONTECIMIENTOS HAN DADO LUGAR, DEJANDO A LOS VECINOS AFECTADOS Y EN PARO DE ESTE MUNICIPIO, EN LA SITUACIÓN DE FRAUDE EN LA QUE SE ENCUENTRAN, Y AL MISMO TIEMPO, INTENTAR MODIFICAR UN DECRETO DONDE EL ESPÍRITU DEL MISMO, ES DAR COBERTURA EN MATERIA DE VIVIENDA A LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS. ¡INAUDITO! EN LA SITUACIÓN DE CRISIS EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS.
Por lo que pedimos de esta Institución del Defensor del Pueblo, haga las diligencias oportunas para esclarecer esta situación. Entendemos, que se han podido violar presuntamente alguno de los derechos y deberes fundamentales de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
TÍTULO I: De los derechos y deberes fundamentales
Artículo 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con laDeclaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.
Capítulo II. Derechos y libertades.
Artículo 14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica.
Artículo 39
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Artículo 47 Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Artículo 51
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Artículo 54 Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
TÍTULO PRELIMINAR.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Atentamente,
En Badia del Valles a 14 de marzo de 2011.
